¿Cuál es el valor de la escuela como servicio público?

A propósito de una pintada aparecida recientemente en una pared del centro que reza“dinero público para la escuela pública” nos preguntamos ¿qué valor tiene lo público? ¿qué es la escuela pública?

Recientemente, alguna persona anónima ha plasmado en una de las fachadas de entrada a nuestro centro la frase “dinero público para la escuela pública”. Desde la dirección del centro queremos aprovechar esta circunstancia para compartir un juicio, precisamente público (abierto a todos), con la sana intención de dialogar con todo aquel que lo desee utilizando la razón y desde el criterio propio que la libertad permite.

Desde los comienzos de nuestro colegio, en torno al año 2005, a menudo nos hemos encontrado con trabas y dificultades para la existencia del mismo por parte de diferentes sectores sociales y políticos. De fondo, en todas ellas, siempre acontece el mismo argumento: que el dinero público se debe destinar a la llamada “escuela pública”. Es decir, que el dinero que recibe la administración, fruto de los impuestos de todos los ciudadanos, sólo se puede destinar a aquellas realidades que son promovidas por la propia administración y cuya titularidad reside en ella misma. Consecuentemente, se identifica lo público con lo estatal.

Nosotros, por el contrario, partimos de una concepción propia de las sociedades democráticas occidentales modernas, según la cual el carácter público de un servicio no viene determinado necesariamente por quién lo presta o quién es su titular, sino por su finalidad, sus destinatarios y su contribución al bien común de la sociedad. Lo público no es necesariamente estatal: una institución puede ser de titularidad privada y, sin embargo, prestar un servicio público.

Así sucede, por ejemplo, con el taxi, que presta un servicio de transporte público a los ciudadanos, aunque los vehículos y la actividad sean de titularidad privada. También sucede con determinados servicios sanitarios y con la educación concertada.

De hecho, nuestro propio ordenamiento jurídico reconoce expresamente esta realidad cuando establece, en el artículo 108.4 de la Ley Orgánica de Educación, que «la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados».

Por tanto, lo público no se identifica exclusivamente con aquello que pertenece al Estado o es gestionado por la Administración, sino que puede realizarse también a través de iniciativas nacidas de la propia sociedad.

Por otro lado, lo que ahora entra en juego es señalar cuál es la función del Estado y cuál es la función de la sociedad. Y junto a ello, a quién le corresponde educar, pues el dinero es de todos y para todos.

Educar consiste en acompañar a otro ser humano en su crecimiento personal, ayudándole a formarse, a descubrir el sentido de sí mismo y a comprender la realidad que le rodea. El objetivo es que pueda llegar a ser plenamente él mismo y contribuir, desde su singularidad y riqueza personal, al bien del conjunto de la comunidad. Por ello, es necesario acoger, reconocer y favorecer la diversidad de propuestas educativas que las distintas generaciones de adultos deseen ofrecer a niños y jóvenes, valorando la pluralidad de perspectivas y la riqueza que cada una de ellas puede aportar.

Todas ellas son un bien, tienen un valor y una riqueza insustituibles; cercenarlas es reducir el dinamismo de la comunidad humana y empobrecer la fecundidad que de ellas pueda surgir.

Al Estado, por su parte, le corresponde favorecer y custodiar esta riqueza, alentando el que existan obras e instituciones de iniciativa social que asuman este precioso protagonismo. Por tanto, el Estado es subsidiario de la sociedad. 

“Si cada mujer y cada hombre está llamado a asumir la responsabilidad de su propia vida y a contribuir a la formación de la sociedad, entonces las instituciones sociales también deben respetar y apoyar esta responsabilidad. La Doctrina Social de la Iglesia se refiere a la subsidiariedad como el principio según el cual el papel de los individuos, las familias, las comunidades locales y las organizaciones intermediarias no debe ser suplantado por las autoridades superiores. Además, las instituciones superiores deben reconocer, proteger y promover la libertad y la creatividad de las entidades de menor nivel, coordinando sus contribuciones para que puedan cooperar eficazmente por el bien común”  (Magnifica Humánitas 68)

“La subsidiariedad no justifica la desvinculación del Estado, sino que orienta sus acciones. De hecho, la intervención pública es necesaria precisamente para que todos los actores sociales puedan cumplir su misión sin verse coartados. Es responsabilidad de la comunidad política crear las condiciones que permitan a los individuos, las familias, las asociaciones y las organizaciones intermediarias cumplir su misión en la sociedad, sin ser sustituidas ni reducidas a meros facilitadores. (Idem, 69)

Cuando se reconoce y apoya a las familias, asociaciones, comunidades locales, organizaciones de voluntarios y al llamado “tercer sector”, la vida social se vuelve más accesible, los servicios se ajustan mejor a las necesidades reales y las soluciones son más creativas y respetuosas de la dignidad de cada persona.  (Idem 70)

La tarea educativa, en primerísimo lugar, le corresponde a la familia e, inmediatamente después, a los cuerpos intermedios (escuelas, comunidades locales y entidades de la sociedad civil), por lo que ninguna instancia superior o Estado debe suplantar ni absorber la libertad de elección de las familias en la educación de sus hijos. El Estado no educa. Educan las personas, rostros concretos, realidades vivas, que libremente y con capacidad de hacerlo quieren ofrecer a las nuevas generaciones, el valor y el significado de la realidad en su totalidad. El conocimiento y el estudio que se ofrece en las instituciones escolares son la mayor expresividad de este fin tan grandioso. 

Por otro lado, cabe también aclarar y puntualizar que, la aportación económica que el Colegio Internacional J.H. Newman percibe por parte de la administración, está destinada en su totalidad a la labor educativa y a sus fines, recogiendo y realizando aquello que los propios destinatarios han solicitado como expresión de su derecho a la educación y que desean según sus propias convicciones (Constitución Española),  conforme a los impuestos que, como el resto de los conciudadanos, entregan a la administración también para este fin.

Nos sumamos a todos aquellos que quieran compartir y participar de esta sana relación y diálogo, sabiendo que en este camino común siempre nos encontraremos persiguiendo el bien de la educación, el bien de cada persona y el bien del mundo. 

Equipo Directivo del Colegio Internacional J.H. Newman